Las victimas invisibles de la mano dura
Publicado por la trinchera en Septiembre 21, 2008
Los familiares de las “victimas invisibles” hablan (Foto Indymedia PR)
Análisis: Brutalidad Policiaca
La policía de Puerto Rico actúa con impunidad en las calles golpeando y asesinando por la libre mientras la mayoría de los casos quedan sin esclarecer. Esta violencia estatal es desatada contra las comunidades pobres resultando en la criminalización de la pobreza y la continua y sistemática marginación de estas comunidades. Roberto Barreto, como parte del Foro “Las victimas Invisibles de la Mano Dura”, expone algunas de las tendencias que están detrás de estas muertes. Lea además el Comunicado de Respuesta a Pedro Toledo y la Lista de las muertes injustificadas por la Policía de Puerto Rico.
Buenos días, las ideas que expresaré a continuación representan mis opiniones y las de la Organización Socialista Internacional (OSI). Estas ideas no necesariamente son compartidas por los familiares y amigos que han presentado sus demandas en este foro. Al final de las presentaciones, esperamos sostener un respetuoso debate abierto, que incluya una amplia gama de ideas, propuestas e interrogantes. Esperamos que todos puedan participar.
El título de esta actividad, ‘Las víctimas invisibles de la Mano Dura’ fue el título original del foro celebrado en 2005. Hoy, algunos de los casos de muertes causadas por la Policía ya no son invisibles, especialmente a partir del video filmado en Humacao. Sin embargo, el adjetivo de ‘invisibles’ todavía se justifica en la mayoría de los casos. Estos casos son invisibilizados por la versión oficial de las autoridades. Si bien muchos son reportados en la prensa, los intentos gubernamentales por encubrir o minimizar los hechos, tergiversan los eventos o limitan que la opinión pública obtenga la información correcta de lo que realmente pasó. En su afán de justificar las acciones policíacas, las víctimas de brutalidad no solo son criminalizadas, sino que son difamadas, aun después de la muerte.
El caso más dramático fue el caso de Miguel Cáceres en donde el Comandante de Área de Humacao, Edwin Rivera Merced sin conocer de la existencia de un video, trató de justificar los eventos, de la misma manera en que lo hizo una semana antes en el caso de Nelson Santiago, quien fue rematado por cuatro balazos luego de caer al suelo herido y desarmado. Sobre Cáceres el Comandante de Área dio la siguiente versión reportada por Mario Santana Díaz bajo el título ‘Chocan las versiones sobre el incidente.’
‘Los agentes entonces intervinieron con Cáceres Cruz y él supuestamente le dijo palabras obscenas a la mujer policía Díaz de León.
Ella le informó que estaba bajo arresto, pero él la empujó. El agente Pagán Cruz también trató de arrestar a Cáceres Cruz y comenzó un forcejeo entre ambos. En ese forcejeo -según esta versión- Cáceres Cruz agredió a Pagán Cruz.
No conforme con eso, Cáceres Cruz metió el dedo en el gatillo de la pistola del agente y la disparó, hiriéndolo en el muslo.
Cáceres Cruz no soltaba a Pagán Cruz a pesar de que el agente estaba herido y éste, para liberarse, desenfundó su pistola y le disparó, hiriéndolo en el brazo derecho, en el bícep izquierdo, en un costado y en la cabeza, agregó Rivera Merced.’ El Nuevo Día, 13 agosto 2007.
El evento de proporciones históricas fue, por supuesto, la aparición de un video que capturó los hechos y desmintió a Rivera Merced. El problema de la brutalidad policiaca se tornó en polémica nacional. Tres casos en agosto de 2007, Miguel Cáceres en Humacao, Nelson Santiago en Las Piedras y Luis Andrés Rodríguez Maya en Cabo Rojo sacudieron el país. El 15 de agosto de 2007 alrededor de 500 personas protestaron frente al Cuartel General de la Policía en Hato Rey. La inmensa presión pública llevó a la presentación de cargos criminales y rápida convicción de Javier Pagán.
Pero el caso de Pagán ha sido utilizado para restaurar la credibilidad en la Policía, para afirmar que el sistema de justicia en Puerto Rico funciona, algo que no es cierto. Al día de hoy, los agentes Carlos Sustache Sustache, y Zulma Díaz de León todavía no han pagado por su complicidad en el asesinato de Cáceres, por encubrir lo sucedido y por obstrucción a la justicia.
En el último año los asesinatos a ciudadanos por parte de la Policía han aumentado. Mientras en 2007 conocemos de 4 muertes injustificadas causadas por la Policía, en 2008 la cifra se duplicó a ocho. En adición incluimos 2 muertes causadas por negligencia de las autoridades, el suicidio de Luis Montañez García, paciente mental de Bayamón luego que la Policía le disparara una bala de goma en el pecho, y la muerte de Dinorah Rodríguez López mientras era fichada luego de haber sido encontrada tirada en el piso de un baño en estado de confusión. Son entonces 10 las muertes en 2008. Estas cifras solo incluyen asesinatos cometidos por policías como parte de sus funciones oficiales.
Contrario a la evidencia, el Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, asegura que los casos de brutalidad policiaca van en descenso.
‘El superintendente Toledo aseguró que las querellas de actos violentos cometidos por policías han mermado.
Sin embargo, no pudo ofrecer datos específicos o estadísticas que comparen este tipo de querella de abuso policiaco con las de este periodo en el 2007.
‘El mensaje importante es que sepa (el policía) que nosotros no vamos a permitir esos abusos’, sentenció Toledo.
Recordó que en aquellos casos en los que en el pasado agentes se han visto involucrados en incidentes de brutalidad policiaca, han sido sometidos a investigaciones, los han separado del puesto y les han radicado acusaciones.
‘Se han tomado medidas de diferentes tipos, adiestramientos, exámenes psicológicos, seminarios de control de coraje y emociones’, sostuvo.’ Primera Hora, 23 agosto 08.
Esta alegada merma en la violencia policiaca no se corrobora en la práctica como lo evidencia la tercera edición del documento ‘Muertes injustificadas causadas por la Policía de Puerto Rico’ que hoy damos a conocer. El balance letal de la Policía de Puerto Rico y otras agencias de ley y orden va en aumento.
En el pasado Pedro Toledo, le mintió al país cuando afirmó que el asesinato de Miguel Cáceres Cruz fue la primera ejecución policiaca desde el Cerro Maravilla. Según El Nuevo Día, Toledo afirmó: ‘No recuerdo haberlo visto (un caso de este tipo en los pasados años). El último remate que recuerdo fue en Maravilla’. Así el Superintendente obvió los casos de Nelson Santiago el 4 de agosto de 2007, de Michael Ortiz de Jesús en Ponce en 2003, de Anthony Hernández en Monte Park en 2000 y los asesinatos de Buchanan de 1995 en donde murieron José Rafael Pagan, de 26 años, y Angel Reyes Ortiz, de 27 años.
Una de las formas de justificar estas muertes es criminalizar a la víctima. En algunos casos la Policía informa a la prensa que la persona tenía antecedentes penales previos sin ser esto cierto. En el caso de Jason López Otero en 2003 la Policía informó que el joven era un runner en un punto de drogas y tenía convicciones previas. El papá del joven hizo todo lo posible por enseñarle el Certificado de Buena conducta a todo el mundo. En el caso de Nelson Santiago en 2007, la Policía informó que el joven tenía faltas pendientes y que el papá, quien es policía estatal, estaba de acuerdo con lo que había pasado. Cuando Nelson Santiago padre indignado trató de mostrarle el Certificado de Buena conducta al Comandante de Area, Rivera Merced, no se lo permitieron. Y por supuesto es absurdo suponer que el papá estaría de acuerdo en que le maten el hijo.
En San Lorenzo, William Carrasquillo, un paciente esquizofrénico fue brutalmente asesinado por un agente. El Superintendente dijo a la prensa que el paciente atacó al policía con un bate y que el agente actuó en legitima defensa propia y de otras personas. En realidad el paciente estaba solo y encerrado tras una reja y el policía brincó una verja para tener acceso a él. La difamación de la víctima parece ser parte del modus operandis policiaco.
Otra tendencia que podemos identificar lo es la Presunción de fuerza letal. En lugar de evaluar cada amenaza en su justa proporción, la oficialidad de la fuerza policiaca propone que todo amago de violencia debe ser entendida como una amenaza letal. En el caso de Marcos Montes Muñiz de abril pasado en Mayagüez, la policía le disparó al corazón al hombre que ellos alegan tenía un cuchillo. El Comandante de Área de Mayagüez, Francisco Carbó justificó la acción indicando que ‘Una vez se pega, verdad, unos tres o cuatro pies, ya tu vida está en inminente …’
En el caso de Víctor Sanabria, un policía le dio el alto y él echó a correr. El policía le disparó por la espalda a la cabeza causándole la muerte. El Coronel Benjamín Rodríguez, Superintendente Auxiliar, justifica este vil asesinato así: ‘…tenía el reloj, tenía creo que la cartera y fue identificado por la víctima como que fue la persona que asaltó un momento antes. Una persona que va a asaltar va a matar y va a hacer lo que sea. El policía hizo su trabajo’. Según esta visión, asaltar es igual a matar, y merece que se responda con fuerza letal. No hay sentido de juicio, balance o proporción en el uso de la fuerza. No se fomenta reflexión y análisis antes de actuar. Se justifica la fuerza apelando al peor escenario imaginable, sea o no sea el caso en la realidad.
Otra tendencia que encontramos es los podríamos llamar la Primacía de la Justicia Criminal sobre la Salud Pública. Esta tendencia es la que impide que el problema del abuso de drogas en Puerto Rico se trate como un problema médico en lugar de un asunto judicial. En el ámbito policiaco la preservación de la escena del crimen tiene mucho más importancia que proveer primeros auxilios a los heridos o llevarlos a recibir servicios médicos. Aparentemente fichar a Dinorah Rodríguez no podía posponerse mientras la llevaban al hospital.
En el caso de Nelson Santiago, cuando el papá llegó a la escena y reconoce a su hijo herido, el policía Carlos Sustache Sustache le indica que no puede pasar, que la victima murió y que hay que preservar la escena. Santiago empujó a Sustache para llegar a su hijo, que estaba vivo y a quien inmediatamente llevó al hospital. Si Santiago no hubiera sido policía, su hijo hubiera muerto tirado en el piso para preservar la escena de una muerte que todavía no estaba consumada.
En el caso de Miguel Cácerez, los policías interceptaron la ambulancia y montaron a Javier Pagán a ella. Los paramédicos objetaron que tenían que ir a recoger a una persona gravemente herida y los policías engañaron a los paramédicos indicando que no había tal persona, que Pagán era el único herido. Mientras tanto Cáceres se desangraba en el suelo hasta que refuerzos policiacos lo recogen y lo llevan al hospital. Cuando llegaron al hospital un paramédico al verlo dijo: ‘Esta más muerto que vivo’. Entonces Pagán le contestó, ‘Yo te aseguro que está muerto’. Pagán sabía muy bien lo que había hecho, no solo al dispararle a la cabeza, sino al haber retrasado la prestación de servicios médicos.
Igual que en el caso de Filiberto Ojeda Ríos, en el que el FBI permitió que Ojeda se desangrara para asegurar su muerte, la policía al tener absoluto control de la escena de los hechos, puede utilizar el desangramiento para dejar morir a una persona deliberadamente. En el caso de Marcos Montes quien estaba dentro de una casa, los testigos vieron llegar una ambulancia, pero pasó mucho tiempo antes de que los paramédicos entraran a la casa. No hay explicación sobre las posibles razones para tal retraso.
Debemos señalar también el caso de Antonio Rodríguez Bonet quien murió luego de que policías en Río Piedras utilizaran un taser contra él. El taser es responsable de innumerables muertes pero se le considera un arma no letal. Es tal vez un arma menos letal, pero en muchos casos ha resultado en la muerte de la persona. A Antonio Rodríguez lo metieron en una celda luego de aplicarle el taser. No lo evaluaron médicamente. Al poco tiempo se puso mal, y fue trasladado al hospital donde murió.
¿Quien debe declarar muerta a una persona, un policía o un doctor? ¿Por qué razón un paramédico debe encontrarse subordinado a un policía en el momento de prestar asistencia médica de emergencia? ¿Es acaso la Salud Pública un asunto de segunda importancia en nuestra sociedad?
Otro asunto relacionado es el procedimiento que deben seguir los familiares de personas que padecen de sus facultades mentales para llevarlos al hospital. Hace falta una orden judicial, llamar a una ambulancia y a la policía. Pero la policía no sabe bregar adecuadamente en esos casos. Familiares de William Carrasquillo relatan un incidente previo en el ellos llamaron a la policía para llevar a William al hospital. El policía desenfundó la pistola antes de entrar a la casa. Ellos entonces tuvieron que disuadirlo y convencerlo de que el arma no era necesaria. Con mucha dificultad, estas familias logran llevar a sus familiares al hospital, solo para ver como los dan de alta a las pocas horas. Estas familias se ven abandonadas por el gobierno y faltas de los servicios médicos que necesitan.
Las intervenciones policiacas se ven plagadas por el prejuicio racial y de clase. Los dominicanos han sido criminalizados y señalados por años, a manera de chivos expiatorios, culpándolos falsamente de ser responsables del desempleo y de la violencia social. Muchos ciudadanos dominicanos han sido apaleados por agentes que los insultan con epítetos racistas. En 1997 Rafael Herrera murió debido a que fue brutalizado por la Policía en Puerto Nuevo. En meses recientes varios reportes de prensa y testimonios del Comité Dominicano de Derechos Humanos demuestran la continuación de estas practicas racistas en la Policía de Puerto Rico. Así también lo han denunciado los residentes de Villas del Sol en Toa Baja.
El legado de la Mano Dura, que pasó a ser Mano Firme, luego Castigo Seguro junto a su federalización en el Strike Force, ha sido señalar a las comunidades pobres como centros de la violencia y causantes de la inseguridad social que hoy vivimos. Lugares peligrosos que deben ser vigilados y ocupados. El prejuicio contra los residentes de barrios y residenciales está institucionalizado. Es en estas comunidades donde se instalan cámaras de seguridad, se establecen cuartelillos, y se realizan mega operativos y ocupaciones prolongadas.
Sus residentes son esteriotipados y discriminados. Se les niega empleo a las personas por el mero hecho de tener una dirección en un residencial. Según Primera Hora del 11 de septiembre de 2008, al referirse al Residencial Luis Llorens Torres: ‘El prejuicio dirigido a las más de 20,000 personas que residen en el complejo público más grande de todo el Caribe alcanza niveles insospechados. Muchos de sus residentes mienten sobre su dirección al solicitar un trabajo o un servicio…’ La situación de las comunidades pobres en Puerto Rico es una, no solo de prejuicio y discriminación, sino de marginación.
El papel que juega la Policía en estas comunidades tiene que explicarse a la luz de esta marginación, que es una política institucionalizada en la empresa privada, el Estado y por supuesto en su fuerza policial. Muchas empresas privadas descartan contratar trabajadores de comunidades pobres. Según un artículo de Alexander F. Diaz, publicado en Caribbean Business el 14 de agosto de 2008, ‘…debido a que una proporción creciente de trabajadores viene de familias desventajadas y comunidades donde las tasas de natalidad son más altas y los hábitos de salud más pobres, la productividad sufre.’ Luego continua: ‘La reducción en el número de jóvenes… representará una escasez sin precedentes en el mercado de trabajadores con las destrezas, educación y ética del trabajo (respeto, innovación, visión, y mores sociales prevalecientes en el lugar de trabajo, etc.) requeridos para llenar las plazas de trabajo del presente y del futuro. dado que la generación en asistencia económica, creció con educación sub-estándar, con asistencia pública -sin necesidad de trabajar- y en vecindarios y escuelas repletas de crimen, drogas y otros problemas sociales’.
El Estado por su parte insiste en solicitar Certificados de Buena Conducta como condición para cualquier tipo de empleo. Mientras argumentan que creen en la rehabilitación, castigan doblemente al que ya cumplió su condena, imposibilitandole conseguir un empleo. Los servicios básicos de educación, salud, vivienda no solo son insuficientes, sino que están siendo reducidos a partir de las políticas privatizadoras. Estas comunidades marginadas son empujadas por el Estado y su aparato legal a vivir en la pobreza mientras a la vez, son criminalizados por ser pobres. La Policía cumple el papel de controlar a este sector de la fuerza laboral. El Estado le da inmensos poderes y discreciones al oficial policiaco para asegurarse que mantiene el control social. La Policía debe prevenir cualquier organización o reclamo de los marginados. Por eso cuando las comunidades se organizan, como en Las Gladiolas, en Villas del Sol, en Loiza, despliegan su fuerza bruta para criminalizar luchas que son justas y aterrorizar a las comunidades para que no participen. Cuando los desarrolladores desean apoderarse de las comunidades pasa lo mismo, como sucedió en La Perla en San Juan. Contra los trabajadores también, sea en la Huelga de los Maestros o en las protestas a la Convención de SEIU, la policía utiliza fuerza excesiva y fabrica casos injustificados. Las revelaciones recientes sobre la fabricación de casos en Mayaguez, el caso de Jonathan Román, las excarcelaciones de Carmelo Velazquez Colón, Orlando Ramos, el suicidio de Leopordo Sanabria y otros casos de excarcelados, atestiguan el grado de corrupción que existe en la Policía.
Debemos exigir justicia en estos casos de brutalidad policiaca. La impunidad ha prevalecido como regla general cuando un Policía mata un ciudadano injustificadamente. Aunque no creemos en el actual sistema judicial, y no creemos en las cárceles, debemos exigir igualdad ante la ley. Mientras los jóvenes trabajadores que son procesados vayan a la cárcel, debemos exigir que los policías asesinos vayan a la cárcel. Todos. No nos conformamos con uno que otro caso ejemplar. Para detener la epidemia de casos de violencia policial, debemos luchar para que los policías enfrenten consecuencias por sus terribles actos.
Creemos que los residentes deben estar en control de sus propias comunidades. Que todo el mundo tiene derecho a un empleo y a los medios para subsistir y vivir una vida decente. Que la vivienda, la educación y los servicios de salud son un derecho y deben ser ofrecidos con excelencia y de forma gratuita para todos. Una sociedad como esa puede ser administrada por los propios trabajadores y no necesitará de fuerzas policiales. Debemos aspirar a ir acercándonos a esa sociedad, exigiendo más y mejores servicios públicos, a la vez que demandemos menos cárceles y menos policías.
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Comunicado de Prensa respondiendo a Toledo y Publicación de tercera edición, “Muertes injustificadas causadas por la Policía de Puerto Rico”
18 de septiembre de 2008
El Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, ha vuelto a dar muestra de la insensibilidad y falta de empatía humana que se ha generalizado en la fuerza policiaca. En referencia a los testimonios de familiares de personas muertas por la Policía de Puerto Rico ofrecido ayer en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Toledo señaló: “No pueden pedirle a un policía que se deje matar si ve su vida o la de los demás amenazada.” El Superintendente trató de restar importancia a estos casos diciendo: “La contraparte a esto es que son cinco casos. ¿Cuantas intervenciones hace la Policía cada año?”
Pero no son sólo cinco casos, son al menos 14 desde 2007. El periódico Socialismo Internacional dio a conocer ayer la tercera edición del documento “Muertes injustificadas causadas por la Policía de Puerto Rico” durante el foro “Las Víctimas Invisibles de la Mano Dura” auspiciado por la Organización Socialista Internacional (OSI). Esa lista actualizada se incluye al final de este comunicado.
Resulta ofensivo que Toledo tergiverse la posición de los familiares y sugiera que su denuncia equivale a “pedirle a un policía que se deje matar.” Estas familias están pidiendo que se haga justicia, sus reclamos son validos y están en todo su derecho de exponerle al país los hechos en estas trágicas muertes.
Toledo se ha dedicado durante los años a mentir y a encubrir las actuaciones indebidas de la Policía.
Durante su presentación en el foro de ayer, Roberto Barreto, portavoz de la OSI dijo:
“En el pasado Pedro Toledo, le mintió al país cuando afirmó que el asesinato de Miguel Cáceres Cruz fue la primera ejecución policíaca desde el Cerro Maravilla. Según El Nuevo Día, Toledo afirmó: “No recuerdo haberlo visto (un caso de este tipo en los pasados años). El último remate que recuerdo fue en Maravilla”. Así el Superintendente obvió los casos de Nelson Santiago el 4 de agosto de 2007, de Michael Ortiz de Jesús en Ponce en 2003, de Anthony Hernández en Monte Park en 2000 y los asesinatos de Buchanan de 1995 en donde murieron José Rafael Pagán, de 26 años, y Angel Reyes Ortiz, de 27 años.”
Hoy el Superintendente continúa mintiendo. “Contrario a la evidencia, el Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, asegura que los casos de brutalidad policíaca van en descenso. ” dijo Barreto. Para demostrarlo hemos publicado los nombres de las víctimas. Que el país sea el juez.
Atentamente,
Roberto Barreto, a nombre de la Organización Socialista Internacional (OSI)
787-310-8020
Muertes injustificadas causadas por la Policía de Puerto Rico
Jorge López Santos 14 junio 1994 San Juan
Angel Reyes Ortiz 5 febrero 1995 Buchanan 27
José Rafael Pagán 5 febrero 1995 Buchanan 26
Cristina Moya Sánchez 31 mayo 1995 Caguas 36
Javier Rodríguez Delgado 24 octubre 1995 Río Piedras 24
Desiderio Benítez 24 octubre 1995 Río Piedras 74
Wanda I. Rodríguez Ortiz 18 diciembre 1995 Villa Palmeras 15
Rafael Figueroa Medina 10 marzo 1996 Ponce 22
Rafael Herrera 16 agosto 1997 Puerto Nuevo 27
Luis David Ortiz 18 diciembre 1997 Las Margaritas 13
Margarita Garrastegui Sanchez 14 enero 1998 Santurce 22
Anthony Hernández 1 enero 2000 Monte Park 17
Inmigrante anónimo*** 18 julio 2001 Cabo Rojo
Manuel Heredia Sanfeliz** 12 febrero 2003 Barceloneta 38
José Antonio Rivera Robles* 20 julio 2003 San Juan 34
Jason López Otero 14 septiembre 2003 San Juan 20
Michael Ortíz de Jesús 14 septiembre 2003 Ponce 22
Edward Castro Vega 27 de julio de 2004 Canóvanas 21
Luis Cepeda Martínez 28 octubre 2004 Carolina 24
Juan Carlos Torres Olivo 5 noviembre 2004 Cataño 18
Miguel Vélez Lugo 1 enero 2005 Villa Palmeras 23
Carlos Malavé Colón 15 de abril 2005 Aibonito
José Rosa Rodríguez 16 de agosto del 2005 Santa Isabel
Raúl Colón Aquino abril 2005 Monte Hatillo 19
Christopher Rojas Miranda 10 abril 2007 Toa Baja ?
Nelson Santiago Rivera 4 agosto 2007 Las Piedras 21
Miguel Cáceres Cruz 11 agosto 2007 Humacao 43
Luis Andrés Rodríguez Maya 15 agosto 2007 Cabo Rojo 25
William Carrasquillo Rodríguez 1 abril 2008 San Lorenzo 56
Marcos Montes Muñiz 28 abril 2008 Mayaguez 38
Larry M. Meléndez Ramos 16 mayo 2008 Monte Park 23
Luis Montañez García 2 junio 2008 Bayamón 47
Carlos Alberto Santiago Berrios junio 2008 Bayamón 41
Antonio Rodríguez Bonet 29 junio 2008 Río Piedras 38
Víctor Sanabria Martínez 5 agosto 2008 Las Piedras 29
Dinorah Rodríguez López agosto 2008 San Juan 40
Orlando Gonzalez Ortiz **** 7 agosto 2008 Carolina 32
Diego Delgado Ferré 31 agosto 2008 Saint Just 35
Lista parcial recopilada por el Periódico Socialismo Internacional, Tercera Edición, septiembre 2008
*Muerto por la Policía Municipal de San Juan. ** Muerto por un agente de la DEA *** Muerto por la lancha de FURA ****Muerto por el FBI
NOTA: La primera edición de esta lista fue presentada durante el Foro: Las víctimas invisibles de la Mano Dura, presentado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras el 16 de febrero de 2005. Segunda edición presentada en protesta contra Cuartel General de la Policía el 15 de agosto de 2007.
